- La Federación se personará en el procedimiento judicial para defender los intereses de los cazadores y evitar que actuaciones similares puedan extenderse a otras comunidades autónomas.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la suspensión cautelar de la caza de nueve especies en la Comunidad de Madrid, acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz del recurso interpuesto por SEO/BirdLife contra la Orden de Vedas autonómica.
La RFEC considera que se trata de una decisión de extraordinaria gravedad, que genera una preocupante inseguridad jurídica y puede ocasionar perjuicios difícilmente reparables a miles de cazadores, sociedades y clubes deportivos, titulares de cotos y actividades económicas vinculadas al medio rural madrileño.
La medida afecta a la perdiz roja, codorniz, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca, alterando el desarrollo de una actividad legal, regulada y planificada conforme a la normativa aprobada por la Administración madrileña.
La Federación recuerda que las medidas cautelares deben responder a criterios de proporcionalidad y a una adecuada ponderación de los intereses en conflicto. En este sentido, considera fundamental preservar la seguridad jurídica y evitar que los recursos promovidos por organizaciones anticaza puedan derivar en restricciones de enorme trascendencia para una actividad plenamente legal, como sucede con esta inaudita decisión judicial, adoptada con carácter provisionalísimo y sin audiencia previa de la Administración autonómica, cuyas consecuencias pueden resultar gravísimas para el conjunto del sector cinegético.
Asimismo, la RFEC insiste en que las decisiones que afectan a la actividad cinegética deben sustentarse en criterios científicos y técnicos rigurosos, y no en planteamientos ideológicos. A tal efecto, recuerda el esfuerzo realizado por el sector a través de iniciativas como el Observatorio Cinegético, el Proyecto Coturnix o el Proyecto Zorzales, que aportan información científica fundamental para conocer la evolución de las poblaciones y favorecer una gestión sostenible de las especies.
Ante esta situación, la RFEC se personará en el procedimiento judicial, junto a la Federación Madrileña de Caza, la Fundación Artemisan y otras entidades del sector, no solo para defender los derechos e intereses de los cazadores madrileños, sino también ante el riesgo de que este tipo de actuaciones se reproduzcan en otras comunidades autónomas, poniendo en peligro la estabilidad y seguridad jurídica de la actividad cinegética en el conjunto de España. La Federación reafirma así su compromiso con la defensa de la caza legal y sostenible, basada en el rigor científico y el respeto al ordenamiento jurídico.
